Las leyes de la lógica nos dictan que cualquier sistema, sea del tipo que sea, es más eficiente en tanto en cuanto es más sencillo.
Nuestro sistema político está hipertrofiado, vivimos en una burbuja política.
Nuestro sistema político está hipertrofiado, vivimos en una burbuja política.
Tras la muerte de Franco, la incipiente casta política, en connivencia con el Rey, creó ex nihilo un sistema autonómico que para nada era necesario.
Este apaño perseguía tres objetivos:
1.- Que la izquierda renunciase a sus principios republicanos.
2.- Garantizar el blindaje y la perpetuación de la Monarquía.
3.- Calmar las ansias separatistas: Ése fue el gran error de todo este montaje, los separatistas, por principio, son insaciables, siempre quieren más.
Durante el franquismo, el único frente separatista peligroso fue el terrorismo de ETA, que cometió 45 asesinatos.
Cataluña fue la región española más privilegiada durante la dictadura de Franco, la que más inversiones recibió y la primera que disfrutó de autopistas. Durante esta época, sus separatistas apenas plantearon problemas. Sólo el médico Jorge Pujol pasó una breve estancia carcelaria por sus beleidades secesionistas.
Durante la Guerra Civil, la propia entrada de las tropas nacionales en Barcelona fue en loor de multitudes. El general republicano encargado de defender esa plaza - el general Rojo -, mencionaba que Barcelona " se perdió simple y llanamente por no haber voluntad de resistencia ".
De la rendición de los gudaris del PNV en Santoña, sólo decir que fueron el primer ejército de la República en rendirse a los nacionales, y como les daba vergüenza lo hicieron ante los italianos.
La historia del PNV, desde su fundación por un desequilabrado, hasta nuestros días, bien se podría resumir en una sólo palabra: vergüenza.
Sí, antes dije bien, ex nihilo, de la nada, ya que todas las autonomías fueron inventadas. Ni las tan cacareadas Vascongadas ni Cataluña tienen fundamento histórico alguno, ya que se remontan a esa época de caos y violencia que fue la II República.
Algún historiador de vía estrecha alegará que tienen fueros que datan del medievo. Según ese razonamiento, innumerables villas de toda España podrían convertirse en comunidades autónomas.
La hipertrofia política, su mastodontificación, nos ha llevado a la existencia de duplicidades, triplicidades...policidades en la Administración Pública.
Hoy en España padecemos a 445.000 miembros de la casta política, 1 de cada 108 españoles, el ratio de políticos por habitantes más elevado del mundo.
Esos 445.000 políticos a su vez enchufan a la mamandurria pública a toda suerte de amigos, familiares, amantes, etc...,
El sistema autonómico nos fagocita oficialmente al año 87.000 millones de euros, el 8,7 % de nuestro PIB. Obviamente en esta cifra no va incluído el dinero que se escapa por las cloacas de la corrupción o la competitividad internacional que se pierde al tener 17 miniestados, eso sin entrar a valorar que este delirante sistema potencia la discriminación entre regiones: Vascongadas y Navarra siempre serán más ricas que el resto debido a sus aforadas haciendas públicas. A modo de ejemplo, un parado vasco tiene 4 veces más recursos para formación que un parado andaluz.
La manipuladora casta política apela a las vísceras a la hora de defender este nefasto sistema.
Como seres racionales que somos, debemos guiarnos por el sentido común. Si apelamos a él nos dictará que el sistema autonómico es injusto y ruinoso para España, lo que procede es eliminarlo.
Quiera Dios que esta noticia que pego a continuación llegue a ver la luz.
Bruselas pedirá a España el cierre de casi 3.000 organismos autonómicos
Confirman que el BCE no pidió cambios en la Constitución para limitar el endeudamiento
Que España está bajo la más estricta vigilancia europea
-cuando no de un férreo control- no es ningún secreto. Pero pese a la
cascada de medidas de control del gasto y de incremento de la
recaudación adoptadas por el Gobierno, Bruselas sigue sin estar satisfecha y
pide una nueva vuelta de tuerca. Las comunidades autónomas y su
sobredimensionada constelación de organismos públicos están en el punto
de mira de la Comisión Europea, que está preparando un documento en el que exigirá al Ejecutivo de Mariano Rajoy la eliminación de casi tres millares de organismos públicos autonómicos.
La exigencia podría materializarse en la próxima cumbre europea
y no es ninguna sorpresa para el Gobierno, pues la supresión de
empresas públicas -bajo el mandato de racionalizar la estructura de las
Administraciones, especialmente de las territoriales- es una reclamación
recurrente del Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas desde
el inicio de la legislatura.
De hecho, eliminar «entes, sociedades y organismos autónomos»
que se consideren de «poca importancia» es una de las condiciones que
el Gobierno impondrá a las comunidades que se acojan al fondo de
liquidez autonómico, según confirmó hace unos días el secretario general
de Coordinación Autonómica y Local, Enrique Ossorio Crespo.
Liquidez con «condiciones»
Tanto es así, que -de acuerdo a la Ley de
Estabilidad Presupuestaria-, tras solicitar el mecanismo de
financiación, la comunidad tendrá que firmar un documento en el que se
detalle «el número de entes y la propuesta de eliminación de sociedades» que se compromete a llevar a cabo en «los próximos meses».
El fondo de liquidez, que comenzará a financiar a
las comunidades a través del Tesoro Público a partir del 2013, según
confirmó ayer en una entrevista en Expansión el secretario
general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, será un vehículo para
eliminar duplicidades y reducir el gasto, como insistentemente se pide
desde Bruselas.
Y es que, según datos del Ministerio de Hacienda, desde 1997 las comunidades han duplicado especialmente defensores del paciente y del pueblo,
así como órganos equivalentes al Tribunal de Cuentas, cuyo coste total
para la Administración central -según las estimaciones oficiales- es de
245 millones de euros anuales, a los que hay que añadir los medios de
comunicación autonómicos, también en proceso de redimensionamiento en
diversas comunidades, como la valenciana, que fue la primera en pedir el
rescate, seguida después por Cataluña y Murcia.
Para aliviar la falta de liquidez autonómica, según explicó ayer el secretario general del Tesoro, las comunidades que lo precisen podrán financiarse mediante subastas ordinarias del Tesoro Público,
insistiendo en que, a cambio, tendrán que cumplir una «condicionalidad
estricta». El fondo contará con unos 18.000 millones de euros, de los
que 8.000 procederán del crédito de un grupo de entidades bancarias,
otros 6.000 de Loterías del Estado y los 4.000 restantes de las
emisiones de deuda del Tesoro. Según Fernández de Mesa, este sistema
permitirá a las comunidades en problemas financiarse y, a la vez,
cumplir los objetivos de déficit exigidos por Bruselas.
La misiva del BCE
Por otra parte, y vinculado con el cumplimiento
del déficit, el defensor del pueblo europeo ha resuelto la reclamación
presentada por un abogado español sobre si la carta que en agosto del
pasado año envió el Banco Central Europeo (BCE) al Gobierno pedía o no un cambio de la Constitución para limitar la deuda pública, como en septiembre acordaron PSOE y PP.
El reclamante había pedido, sin éxito, tener acceso al contenido de la misiva enviada por el BCE al entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.
Ahora el defensor del pueblo europeo, aunque respalda la negativa del
BCE de hacer público el escrito, argumentando que perjudicaría el
interés público, al estar en juego la política económica y monetaria de
la UE, confirma que dicha carta no sugería cambios en la Constitución.
La recesión se agravó de abril a junio
La economía española no se recupera. Todo lo
contrario. Así lo confirmó ayer el Instituto Nacional de Estadística
(INE), coincidiendo con el Banco de España, al avanzar que el producto
interior bruto (PIB) del país cayó entre abril y junio un 0,4 %, con lo
que encadena tres trimestre consecutivos. En términos interanuales, el
retroceso de la economía es ya del 1 %, lastrada especialmente por una
demanda nacional sin pulso, como consecuencia de las políticas de
recortes del Ejecutivo.
Confirman que el BCE no pidió cambios en la Constitución para limitar el endeudamiento
Que España está bajo la más estricta vigilancia europea
-cuando no de un férreo control- no es ningún secreto. Pero pese a la
cascada de medidas de control del gasto y de incremento de la
recaudación adoptadas por el Gobierno, Bruselas sigue sin estar satisfecha y
pide una nueva vuelta de tuerca. Las comunidades autónomas y su
sobredimensionada constelación de organismos públicos están en el punto
de mira de la Comisión Europea, que está preparando un documento en el que exigirá al Ejecutivo de Mariano Rajoy la eliminación de casi tres millares de organismos públicos autonómicos.
La exigencia podría materializarse en la próxima cumbre europea
y no es ninguna sorpresa para el Gobierno, pues la supresión de
empresas públicas -bajo el mandato de racionalizar la estructura de las
Administraciones, especialmente de las territoriales- es una reclamación
recurrente del Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas desde
el inicio de la legislatura.
De hecho, eliminar «entes, sociedades y organismos autónomos»
que se consideren de «poca importancia» es una de las condiciones que
el Gobierno impondrá a las comunidades que se acojan al fondo de
liquidez autonómico, según confirmó hace unos días el secretario general
de Coordinación Autonómica y Local, Enrique Ossorio Crespo.
Liquidez con «condiciones»
Tanto es así, que -de acuerdo a la Ley de
Estabilidad Presupuestaria-, tras solicitar el mecanismo de
financiación, la comunidad tendrá que firmar un documento en el que se
detalle «el número de entes y la propuesta de eliminación de sociedades» que se compromete a llevar a cabo en «los próximos meses».
El fondo de liquidez, que comenzará a financiar a
las comunidades a través del Tesoro Público a partir del 2013, según
confirmó ayer en una entrevista en Expansión el secretario
general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, será un vehículo para
eliminar duplicidades y reducir el gasto, como insistentemente se pide
desde Bruselas.
Y es que, según datos del Ministerio de Hacienda, desde 1997 las comunidades han duplicado especialmente defensores del paciente y del pueblo,
así como órganos equivalentes al Tribunal de Cuentas, cuyo coste total
para la Administración central -según las estimaciones oficiales- es de
245 millones de euros anuales, a los que hay que añadir los medios de
comunicación autonómicos, también en proceso de redimensionamiento en
diversas comunidades, como la valenciana, que fue la primera en pedir el
rescate, seguida después por Cataluña y Murcia.
Para aliviar la falta de liquidez autonómica, según explicó ayer el secretario general del Tesoro, las comunidades que lo precisen podrán financiarse mediante subastas ordinarias del Tesoro Público,
insistiendo en que, a cambio, tendrán que cumplir una «condicionalidad
estricta». El fondo contará con unos 18.000 millones de euros, de los
que 8.000 procederán del crédito de un grupo de entidades bancarias,
otros 6.000 de Loterías del Estado y los 4.000 restantes de las
emisiones de deuda del Tesoro. Según Fernández de Mesa, este sistema
permitirá a las comunidades en problemas financiarse y, a la vez,
cumplir los objetivos de déficit exigidos por Bruselas.
La misiva del BCE
Por otra parte, y vinculado con el cumplimiento
del déficit, el defensor del pueblo europeo ha resuelto la reclamación
presentada por un abogado español sobre si la carta que en agosto del
pasado año envió el Banco Central Europeo (BCE) al Gobierno pedía o no un cambio de la Constitución para limitar la deuda pública, como en septiembre acordaron PSOE y PP.
El reclamante había pedido, sin éxito, tener acceso al contenido de la misiva enviada por el BCE al entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.
Ahora el defensor del pueblo europeo, aunque respalda la negativa del
BCE de hacer público el escrito, argumentando que perjudicaría el
interés público, al estar en juego la política económica y monetaria de
la UE, confirma que dicha carta no sugería cambios en la Constitución.
La recesión se agravó de abril a junio
La economía española no se recupera. Todo lo
contrario. Así lo confirmó ayer el Instituto Nacional de Estadística
(INE), coincidiendo con el Banco de España, al avanzar que el producto
interior bruto (PIB) del país cayó entre abril y junio un 0,4 %, con lo
que encadena tres trimestre consecutivos. En términos interanuales, el
retroceso de la economía es ya del 1 %, lastrada especialmente por una
demanda nacional sin pulso, como consecuencia de las políticas de
recortes del Ejecutivo.
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